La ley sobre la blasfemia que rige en Pakistán es usada contra las minorías religiosas o para fortalecer a grupos de musulmanes radicalizados que amenazan o matan a las personas acusadas.
Por este motivo debe ser derogada, dice el informe de Amnesty International titulado “As good as dead’ The impact of the blasphemy laws in Pakistan”.
“Hay pruebas abrumadoras de que la ley sobre la blasfemia viola los derechos humanos y alienta a la gente a aplicarla en su propio beneficio. Una vez que una persona es acusada, el sistema ofrece muy poca protección, se la considera culpable y no se la protege de los que quieren usar la violencia”, explicó Audrey Gaughram, director del programa “Cuestiones globales” de Amnesty International.
El informe, citado por la agencia AICA, explica cómo las personas acusadas de blasfemia llevan “una lucha desigual para ver reconocida su inocencia”.
Y, aunque sean absueltos y liberados, a menudo después de largas demoras, pueden sufrir amenazas de muerte.
El documento de Amnesty señala que, una vez registrada una denuncia por blasfemia, el acusado puede ser detenido sin que la policía verifique si dicha denuncia está justificada.
Cediendo a la presión de las multitudes exaltadas y de los líderes religiosos extremistas, a menudo la policía deriva el caso a un juez sin realizar las averiguaciones pertinentes y verificar las pruebas.
Además, cuando se formaliza la denuncia, se puede negar la libertad bajo fianza y “se inicia un proceso largo e injusto, como en el famoso caso de Asia Bibi, condenada a muerte en 2010” y aún a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo.
El fenómeno es bien conocido, recuerda el texto de Amnesty, por lo que los grupos o individuos se convierten en justicieros “amenazando o matando a los acusados y a las personas relacionadas con ellos, como miembros de la familia, abogados y miembros de sus comunidades”. Incluso los agentes del sistema judicial, jueces, abogados, policías, sufren intimidaciones y no pueden actuar con eficacia e imparcialidad.
Amnesty International explicó cómo la ley sobre la blasfemia se presta al abuso y viola las obligaciones internacionales de Pakistán como la de respetar y proteger una serie de derechos humanos básicos, como la libertad de religión, de creencia, de opinión y de expresión.
La organización pidió la derogación de esta ley -a menudo manipulada para golpear a las personas más vulnerables, como los niños, las personas con discapacidad mental, los que pertenecen a minorías religiosas- y pide al gobierno paquistaní que adopte nuevas normas que respeten plenamente el derecho internacional.
La ley de blasfemia consiste en tres artículos del Código Penal de Pakistán, que castigan con cadena perpetua o pena de muerte el insulto al Corán, al Islam y al profeta Mahoma.